El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección de Acceso a la Justicia, dependiente del Viceministerio de Justicia, en articulación con la Dirección de Asuntos Internacionales en Materia de Derechos Humanos, hoy dio inicio al ciclo de capacitaciones denominado «Acceso a Justicia con Enfoque de Derechos».
Este ciclo, que forma parte del Programa Nacional de Casas de Justicia, se desarrollará en formato virtual y está dirigido a miembros del Consejo Nacional de Acceso a la Justicia, la Red de Puntos Focales del Programa Nacional de Casas de Justicia, funcionarios públicos en general, y culminará en noviembre del presente año.
En la jornada inaugural, el Dr. Juan Rafael Caballero, viceministro de Justicia, destacó la importancia de este tipo de iniciativas. Dijo que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y un pilar esencial de una sociedad democrática.
Resaltó que estas capacitaciones tienen como objetivo principal dotar a los participantes de herramientas y conocimientos esenciales para garantizar un acceso equitativo a la justicia, con un enfoque particular en la protección y promoción de los derechos humanos y a la vez visibilizar la política pública de acceso a la justicia impulsada desde esta Cartera de Estado.
Posteriormente, la directora de Acceso a la Justicia, Abg. María Eugenia Argaña, presentó el objetivo y alcance del Programa Nacional de Casas de Justicia.
Seguidamente, se abordó el Derecho a la Identidad, con una presentación a cargo del secretario general del Registro del Estado Civil, Abg. Sergio Barúa.
La jornada culminó con la exposición de la Dra. Livia Cardozo, coordinadora general del Proyecto «Derechos y Acceso a Justicia en Nuestra Comunidad», ejecutado por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
La Dra. Cardozo expuso sobre la importancia de la mediación y la resolución de conflictos.
De esta manera, el Ministerio de Justicia aúna esfuerzos a fin de empoderar y brindar el conocimiento y las herramientas necesarias a los colaboradores en la ejecución de esta política pública de acceso a la justicia y colaborar con la gestión y los objetivos trazados desde el Gobierno Nacional.