El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, llevó adelante la 9.ª Jornada de Asistencia a Víctimas del Caso N.º 11.666 “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”, dirigida a personas privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
Durante la jornada se ofrecieron atenciones médicas, entrega de medicamentos y servicios de vacunación, con el acompañamiento de equipos de la VIII Región Sanitaria y de la Brigada PAI de Vacunación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, garantizando cuidados esenciales para la salud de las personas beneficiarias.
En el ámbito de la formación laboral, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) realizó entrevistas a las personas privadas de libertad que participan del curso de barbería, cuya culminación está prevista para diciembre de este año, abriendo oportunidades de aprendizaje y preparación para la vida futura.
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), por su parte, entregó kits escolares, fortaleciendo el acceso a la educación dentro de los centros penitenciarios y reafirmando la importancia de la formación académica como herramienta de inclusión.
Asimismo, representantes de la Dirección de Asuntos Internacionales en Materia de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, realizaron entrevistas personales con las víctimas privadas de libertad, en seguimiento a los procesos internacionales vinculados al caso.
La jornada contó con el acompañamiento de diversas instituciones del Estado que, desde mayo de este año, vienen sumando esfuerzos para brindar atención integral a las víctimas. Estuvieron presentes la Dra. Melissa Díaz, Directora General de Derechos Humanos del MEC; Giannina Ramírez, jefa del Departamento del Sistema Interamericano del Ministerio de Justicia; Alejandro Díaz, funcionario del mismo departamento; la Abg. Sabina Almada, representante del MTESS; así como equipos técnicos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Estas jornadas reflejan la importancia de trabajar de manera conjunta para ofrecer salud, educación y formación laboral, generando espacios de atención que dignifican a las personas privadas de libertad y fortalecen el respeto a los derechos humanos.


