MJ articula acciones con perspectiva de discapacidad en la práctica penitenciaria

El Ministerio de Justicia (MJ) en su carácter de coordinador de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo y en atención a la Sub Comisión de Justicia de la Comisión Nacional de Discapacidad (Conadis) instaló una mesa interinstitucional en el marco del seguimiento de recomendaciones internacionales para personas privadas de libertad con discapacidad.

La mesa de trabajo estuvo integrada por la Cartera de Justicia con representantes de la Dirección General de Derechos Humanos, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y Dirección de Salud Penitenciaria. Se sumó la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y Ministerio de la Defensa Pública (MDP).

El espacio de trabajo interinstitucional instalado a través del Viceministerio de Justicia, tiene como objetivo realizar un levantamiento de datos para obtener el registro de las personas privadas de libertad con discapacidad, con la finalidad de su posterior aceptación y certificación por parte de la Senadis, a modo de prestar especial atención a que las políticas públicas transversales para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de estas personas vulnerables en contexto de encierro.

Los primeros trabajos tomaron curso en la Penitenciaria Nacional (Tacumbú) y la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE) donde se llevó a cabo la atención de 16 personas privadas de libertad con discapacidad, que posteriormente serán evaluadas por un equipo multidisciplinario a cargo de la Senadis con el acompañamiento de los profesionales del Ministerio de Justicia. Se tiene previsto replicar dicho trabajo en todas las penitenciarías del país.

Cabe resaltar, que el Ministerio de Justicia preside la Sub Comisión de Justicia de la Conadis, el cual es un espacio participativo y de canal directo entre las Organizaciones de la Sociedad Civil (que representan a las personas con discapacidad) y altos representantes del Poder Ejecutivo y, gobernaciones departamentales y municipales, a modo de garantizar que las acciones, leyes y políticas a ser implementadas en el territorio paraguayo respondan a la necesidad real actual y visión de sociedad inclusiva a construir.