Ministerio de Justicia y Asociación de Defensores Públicos acuerdan ofrecer orientación jurídica a los internos a través de las Clínicas Legales del MJ

En reunión mantenida entre el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia, ambas instituciones acordaron un plan de trabajo entre cuyos puntos se destacan la decisión de acudir a las penitenciarías a proporcionar información jurídica en el marco de las Clínicas legales propuestas por el MJ.

La Defensoría también informó que la desde el próximo mes se tiene previsto implementar una Oficina de comunicación en las Penitenciarías.

El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Política Criminal y la Dirección de Seguimiento Procesal de las Personas Privadas de libertad propuso a la Defensoría Pública realizar visitas programadas a las Penitenciarías, a fin de llevar informes actualizados de la situación procesal de sus representados. La Defensoría se comprometió a proseguir con las mesas de trabajo la próxima semana, para presentar las propuestas ya calendarizadas.

Esta mesa de trabajo se realizó con el objetivo de mejorar la asistencia que ofrecen los defensores públicos a las personas privadas de libertad en el marco del Plan de Reforma Penitenciaria, Eje 1. “Marco normativo y situación procesal” Adecuación del marco normativo. Disminución de los niveles de sobrepoblación mediante seguimiento a situación procesal.

De acuerdo al último Censo Nacional Penitenciario, un 8,8% de la población penitenciaria manifiesta no tener ninguna defensa. El 50,6% tiene defensa pública y un 40,8% defensa privada, de esta cifra 47% no recibe visita de su abogado defensor y de las que reciben, lo hacen con una frecuencia de 1 vez al mes.

Del encuentro participaron la Viceministra de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Carla Bacigalupo, la Directora de la Oficina de Seguimiento a la Situación Procesal de las Personas Privadas de Libertad, Alda Cardozo, la presidenta de la Asociación de Defensores Públicos, Analía Yinde, los comisionados Roque Orrego y Stella Cacace del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, además de otros profesionales de la Defensoría Pública.

El MNP recomendó poner plazos de aplicación a las propuestas acordadas, de modo a tenerlas consolidadas a marzo del próximo año.

Etiquetas