Ministerio de Justicia explicará detalles y avances del primer “Protocolo de Acceso a la Justicia para personas con discapacidad psicosocial”

La Ministra de Justicia, Sheila Abed ofrecerá detalles y avances del proyecto “Protocolo de Acceso a la Justicia para personas con discapacidad psicosocial” que desarrolla la institución, desde principios de este año, mediante la cooperación del Programa EUROsocial. La exposición tendrá lugar en el Primer Congreso Internacional de Discapacidad y Derechos Humanos que se llevará a cabo los días Viernes 12 y sábado 13 de setiembre de 2014.

La actividad es organizada por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) a través del Programa de Prevención de la Fibrosis Quística y con el apoyo de la Universidad Nacional de Asunción y Unicef.

“Es una buena oportunidad para continuar socializando el trabajo que venimos realizando y que apunta a contar con el Primer Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad Sicosocial de Paraguay, que responde a varias líneas de acción estratégicas previstas en el Plan Nacional de Derechos Humanos”, explicó Romina Paiva, de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Sobre el primer Protocolo para el Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad

El Ministerio de Justicia inició desde el mes de abril de 2014 el proceso para la elaboración del Primer Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad Sicosocial de Paraguay, el mismo se desarrolla con la cooperación de EUROsocial, enmarcado dentro del programa de Acceso a la Justicia. El proyecto se encuentra coordinado conjuntamente por la Dirección General de Justicia y la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Es el primer Protocolo para el Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, si bien se enfoca en la discapacidad sicosocial, por la amplitud del mismo, puede servir para otros tipos de discapacidad y está dirigido a funcionarios públicos y ser utilizado por las personas con discapacidad. El protocolo será presentado a finales del mes de setiembre y se prevé capacitaciones y la conformación de un órgano contralor de su cumplimiento.

El objetivo del Protocolo es derribar la barrera actitudinal de los operadores de justicia para las personas con Discapacidad Sicosocial, modificando las prácticas que los discriminan y limitan un efectivo acceso a la justicia. Dada la amplitud del documento se presenta como un instrumento de utilidad para otros grupos vulnerables. “Nos hemos fijado, especialmente, en la población con discapacidad psicosocial, pero muchas, buena parte de las propuestas que incluirá este documento son aplicables a cualquier otro ámbito de la discapacidad, e incluso a otros grupos vulnerables” explica Ariana Escobar Carísimo, quien junto al experto Torcuato Recover Balboa son los responsables técnicos del programa EUROsocial.

La amplitud de participación de diferentes actores que se encuentran involucrados en el proceso, Instituciones públicas del sector de derechos humanos y discapacidad, organizaciones de la sociedad civil del sector de la discapacidad sicosocial y el Colegio de Abogados del Paraguay, a través del Programa Pro Bono que integran la Mesa Interinstitucional, constituye la nota diferencial para el proceso de elaboración de este trascendental documento de políticas públicas destinado a las personas con discapacidad del Paraguay, el primero en su tipo.

El Plan Nacional de Derechos Humanos

El Ministerio de Justicia dando cumplimiento al Plan Nacional de Derechos Humanos del Paraguay vigente por Decreto Nº 10.747 “Por el cual se aprueban las Políticas Públicas en Materia de Derechos Humanos y se pone en fase de implementación el Plan Nacional de Derechos Humanos “ y Decreto Nº 11324 “Por el cual se modifica parcialmente el anexo del Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado por Decreto Nº 10.747” desarrolla este primer Protocolo para el Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, enmarcadoen lo establecido en los Ejes:

I- Eje I: Transformación de las Desigualdades Estructurales para el Goce de los Derechos Humanos;Tema: Igualdad y No Discriminación que establece entre sus objetivos estratégicos “Garantizar a las Personas con Discapacidad la promoción y protección de sus derechos y asegurar la accesibilidad en forma igualitaria” estableciendo para ello la línea de Acción que estipula “Formular e implementar una política pública de erradicación de toda forma de discriminación; inclusiva a todos los sectores históricamente vulnerados”.

II- Eje II: Educación y Cultura en Derechos Humanos, Objetivo Estratégico: Consolidar la cultura en derechos humanos mediante la formación y capacitación de los funcionarios públicos en todas las esferas del gobierno. Acción Estratégica: “ Diseñar programas para que las Instituciones del estado[…] incorporen la educación en derechos humanos en los procesos de formación y actualización del funcionariado, incluyendo los Instrumentos Internacionales y la normativa vigente”;

III- Eje III Estado Social de Derecho:Tema Acceso a la Justicia establece la Acción Estratégica que “ Capacitar, sensibilizar y especializar en áreas específicas de derechos humanos a magistrados y magistradas, defensores y defensoras públicas, fiscales y fiscalas, y agentes así como operadores del derecho, especialmente en relación a los derechos pertenecientes a las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad” otro de sus Objetivos estratégicos establece el “Garantizar la participación democrática y el control social de las políticas desarrolladas en materia de derechos humanos como medio de fortalecimiento de la democracia y desarrollo del estado social de derecho” cuyas acciones estratégicas establece: “Fortalecer los espacios de la sociedad civil en el diseño e implementación de las políticas públicas”

Desde sus inicios en el mes de abril el proceso ha avanzado en varias fases entre las que se dieron:

1) La elaboración de un Documento de “Diagnóstico sobre el Acceso a la Justicia de las personas con discapacidad sicosocial”. El mismo presenta un panorama general sobre la situación de las personas con discapacidad y recoge las barreras con las que se encuentran las mismas en el ámbito del acceso a la justicia. Así mismo, presenta las medidas diseñadas y desarrolladas por las Instituciones Públicas en el ámbito de la discapacidad hasta el 2014. Esta primera fase finalizó en el mes de junio de 2014. Con ello se pretendió descender a la realidad concreta, para identificar con claridad cuáles son las mayores dificultades que las personas con discapacidad, y, en especial, las personas con discapacidad psicosocial, encuentran en el acceso a la justicia. Y dar un paso constructivo más, para ofrecer ayudas, guías, para superar estas dificultades. Puesto que no se supera lo que no se identifica, lo que no se conoce para a partir de ello generar acciones constructivas.

2) Posterior a ello se elaboró y socializó entre los integrantes de la Mesa Interinstitucional el documento de “Análisis del Marco Legal”. La finalidad de este documento es tener conocimiento acabado sobre la aplicación del derecho en el entendimiento que el análisis del Marco Legal constituye un elemento fundamental de todo proceso dirigido a la promoción del acceso efectivo a la justicia.

En tal sentido se ha realizado una revisión del marco constitucional en paralelo con los Instrumentos Internacionales en materia de derechos humanos y discapacidad, tomando como principal referencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ello en el entendimiento que la misma al conformar el cúmulo de legislación local a través de la Ley Nº 3540/2008 Que ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se presenta como la principal fuente normativa que rige para la aplicación y la interpretación en materia de derechos de las personas con discapacidad, considerando especialmente el nuevo paradigma que la misma propone de la mirada de los derechos de las personas con discapacidad desde un enfoque social y de derechos humanos.

Esta consideración se realiza tomando en cuenta otros Instrumentos Internacionales anteriores a la misma, provenientes del derecho internacional de los derechos humanos como las Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de Personas en condición de Vulnerabilidad, aprobado por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana es considerada también como marco normativo básico de este documento. Asimismo se atiende a los postulados de los Instrumentos provenientes del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos como la Ley Nº 1/89 y la Ley Nº 1040/97 sobre la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador 1988; la Ley Nº 1925/1992. En tanto especial consideración al contenido de la Ley Nº 1.925/2002 que aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las Personas con Discapacidad. El Análisis abarca además la normativa Civil, Penal, de Salud y Laboral vigentes en el Paraguay.

3. En el marco del proyecto tuvo lugar la visita del Experto Internacional de EUROsocial Dr. Torcuato Recover Balboa, quien mantuvo encuentros con las y los representantes que integran la Mesa Interinstitucional para la Elaboración del Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad Sicosocial. Durante la visita, el mismo profundizó sobre el contexto paraguayo sobre las personas con discapacidad sicosocial a través de entrevistas con representantes de las Instituciones Públicas como el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de Justicia, y la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Igualmente, mantuvo encuentros con integrantes de organizaciones de la sociedad civil: El Puente, Grupo de Autoayuda de Bipolares del Praguay, CEDINANE y la Fundación Luz y Vida. También mantuvo un encuentro con el representante Pro Bono del Colegio de Abogados del Paraguay.

4. En el mes de setiembre finaliza el proceso de elaboración y presentación del “Protocolo sobre el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad Sicosocial del Paraguay”. La existencia, el uso y consulta de este Protocolo puede, y debe, ser de gran utilidad para los dos vectores de población a los que se dirige, pero, muy especialmente, para los operadores jurídicos; es decir, para todos los profesionales del ámbito de la justicia, desde jueces y magistrados, a representantes del Ministerio Fiscal, de la Defensa Pública, letrados, y, especialmente, para los funcionarios y asesores judiciales. También se presenta como un elemento útil para las propias personas con discapacidad, a las que, con él, les queremos mostrar no solo el compromiso con sus derechos, sino una guía útil para su disfrute y, especialmente, para acceder a instrumentos judiciales para la garantía de aquellos.

Este Protocolo es el resultado de la colaboración franca entre instituciones diversas. Las propias instituciones de Paraguay, comprometidas con los Derechos Humanos, de colectivos especialmente vulnerables, y las instituciones de la Unión Europea que desarrollan este Programa.

5. Para finales del mes de octubre, se tiene previsto un ciclo de capacitaciones con expertos internacionales en materia de discapacidad a través de talleres destinados a los diferentes actores judiciales y otros operadores de justicia y que interactúan con las personas con discapacidad. Para ello el proyecto prevé la elaboración de materiales didácticos de formación y capacitación.

6. El Proceso del Protocolo prevé la conformación de un órgano mixto de control para el cumplimiento y la aplicación del Protocolo.

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