Los DD. HH. de PPL con discapacidad, una prioridad para el Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia, en su carácter de coordinador de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, ha dado seguimiento a las acciones encaradas en una mesa interinstitucional instalada en el marco de la subcomisión de Justicia de la CONADIS, presidida por esta Cartera de Estado.

La mesa está integrada por representantes de las siguientes instituciones: Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), Ministerio del Interior, Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio de la Defensa Pública. Además, por esta Cartera de Estado participaron representantes de la Dirección General de Derechos Humanos Dirección General del Registro Civil, Dirección de Protección de Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y la Dirección de Salud Penitenciaria.

Al respecto, los miembros presentes coordinaron una segunda visita a la Penitenciaria Regional de Emboscada Antigua y Padre Juan de la Vega, que se realizará en la segunda quincena del mes de setiembre del 2022 a fin de proseguir con las acciones ya iniciadas en el mes de julio del corriente año .

Es importante mencionar que el trabajo interinstitucional tiene como objetivo realizar un registro de las personas privadas de libertad con discapacidad, para su posterior aceptación y certificación por parte de la SENADIS, a modo de prestar especial atención a que las políticas públicas sean transversales para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de las personas con discapacidad en contexto de encierro, trabajo que se replicara en todas las penitenciarías del país.

Para finalizar es importante mencionar que el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, dependiente del Viceministerio de Justicia, preside la subcomisión de Justicia de la CONADIS, el cual es un espacio participativo y de canal directo entre las Organizaciones de la Sociedad Civil, que representan a las personas con discapacidad, y altos representantes del Poder Ejecutivo, Gobernaciones Departamentales y Municipales, a modo de garantizar que las acciones, leyes y políticas a ser implementadas en el territorio paraguayo respondan a la necesidad real actual y visión de sociedad inclusiva a construir.