Hace un año la actual administración del Ministerio de Justicia comenzó el trabajo de mejoramiento del sistema penitenciario, el cual se encontraba en una profunda crisis, que se agudizó con la llegada de la pandemia. Hoy, mediante las acciones implementadas se están asentando las bases para una reforma del sistema penitenciario nacional con enfoque en los derechos humanos.
Al registrarse el primer caso de Covid-19 en Paraguay, el Ministerio de Justicia procedió a la suspensión de las visitas a las penitenciarías y centros educativos, e impulsó actividades de recreación y guía espiritual, así como charlas de prevención.
Además, implementó visitas virtuales y reuniones telemáticas con defensores públicos para las personas privadas de libertad a fin de contener el ingreso del virus a las penitenciarías.
Estas medidas hicieron que Paraguay sea el país de la región con menos contagiados a nivel penitenciario, y el único en el que no se produjeron motines como consecuencia de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia.
Por otro lado, y a pesar de la pandemia, se continuó con la construcción de tres nuevas penitenciarías: dos en Emboscada y una en Minga Guazú, donde se implementarán un nuevo modelo de gestión que cuenta con el asesoramiento de expertos de Brasil y EE. UU.
En cuanto a la reinserción social, se realizaron capacitaciones de corte y confección, de fabricación de muebles, clases de inglés y emprendedurismo, se retomaron los estudios universitarios y se presentó la plataforma digital www.latente.gov.py que oferta productos elaborados por las personas privadas de libertad que se encuentran en los 18 establecimientos penitenciarios del país.
Derechos Humanos
En materia de DDHH, la administración del MJ habilitó una sección dentro de la página web www.derechoshumanos.gov.py para recibir denuncias sobre hechos que atenten contra los derechos humanos dentro del sistema penitenciario y, mediante un trabajo coordinado con el Ministerio de la Mujer, se inició una serie de capacitaciones dentro de las penitenciarías sobre la Ley N° 777/16 “De protección integral a mujeres contra toda forma de violencia”.
Por otro lado, siempre bajo la convicción de velar por los DDHH de las personas privadas de libertad y de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, desde el Viceministerio de Justicia se realizaron constantes visitas de monitoreo en todas las penitenciarías.
Casas de Justicia
Pobladores de zonas vulnerables y alejadas de la capital accedieron a los servicios ofrecidos por el Estado a través de la implementación del Programa Casas de Justicia, que en su modalidad Casas de Justicia Móvil, llevó las atenciones de varias instituciones públicas a los lugares distantes, incluidas comunidades indígenas.
Casas de Justicia es una política pública que también asiste sectores vulnerables en materia de información y capacitación con énfasis en resolución de conflictos y orientación legal para el ejercicio efectivo de los derechos.
Sin dudas hay mucho trabajo aún por hacer, pero en 12 meses se están asentando bases sólidas para una transformación sostenible dentro del Ministerio de Justicia.
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