El Ministerio de Justicia (MJ) en su carácter de Coordinador de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo participó a través del Viceministerio de Justicia en la audiencia temática virtual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de desalojos forzosos y políticas agrarias en Paraguay.
Este encuentro estuvo presidido por el comisionado Stuardo Ralón, relator de la CIDH para el Paraguay. Además, participó el Representante en la Oficina Regional ONU para América del Sur Jan Jarab.
La delegación paraguaya fue liderada por el viceministro de Justicia Edgar Taboada Insfrán, el viceministro de Seguridad Interna Pablo Rene Rios y la presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Gail González Yaluff. Acompañaron, técnicos de los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Salud y Bienestar Social, de la Niñez y la Adolescencia, así como del Instituto Paraguayo del Indígena y de la Comandancia de la Policía Nacional.
Durante la reunión fueron desarrollados tres ejes principales: Protección estatal de los derechos económicos, sociales y culturales de grupos en situación de vulnerabilidad en el Paraguay en el marco de desalojos y políticas agrarias; Desarrollo de políticas públicas para grupos en situación de vulnerabilidad en el Paraguay y Modelo de desarrollo rural en el país.
Por su parte, el viceministro Taboada Insfrán al momento de su intervención precisó sobre las políticas públicas del Ministerio de Justicia, a través de las cuales, comunidades indígenas acceden a derechos fundamentales por intermedio de jornadas de asistencia del Programa Nacional de Casas de Justicia. Así también, aludió sobre las acciones desarrolladas desde la Red de Derechos Humanos.
El Estado Paraguayo valoró el avance de seguimiento de los compromisos en Derechos Humanos, en lo relacionado al interés de la Comisión sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el país, motivo por el cual se brindó información que permitió contextualizar la materia en el país.
Al respecto, es relevante resaltar el tenaz esfuerzo del Estado con fines de garantizar la protección de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades vulnerables por medio de un sinnúmero de acciones de las instituciones públicas, en cumplimiento de los estándares internacionales de Derechos Humanos.
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