En lo que va del año, la Cartera de Justicia ha implementado diversas acciones estratégicas para asistir con atenciones a siete comunidades indígenas desde sus jornadas de Casas de Justicia Móvil. Además, en atención a protocolos de intervención, el Ministerio de Justicia, a través de su Dirección General de Derechos Humanos, ha realizado visitas de monitoreo que permitan constatar y mejorar las condiciones de vida de 172 indígenas privados de libertad como población vulnerable del sistema.
Desde el marco del Programa Nacional de Casas de Justicia en su modalidad móvil, se llegó a varias comunidades indígenas del departamento de Boquerón, como ser Pesempo´o, Campo Loro, Ebetogue, San Martín, Santo Domingo, Yakye Axa y Sawhoyamaxa, llevando los servicios de inscripción de nacimiento, carnet indígena y cedulación, alcanzando hasta la fecha el total de 2.263 atenciones.
Como política pública de la Institución, estas acciones se encaminan en el cumplimiento de Sentencias y Acuerdos de Solución Amistosa correspondientes a casos suscitados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Existe un reconocimiento pleno y respeto del Estado hacia los pueblos indígenas.
Respecto a donaciones, se entregaron en las comunidades indígenas de San Loewen, Colonia 22 Hiwo Lhavos de zona de Filadelfia y, Manjui Avizai y Diez Cue en zona de Mariscal Estigarribia, un total 300 kits de meriendas y 437 juguetes para niños.
Por otra parte, a través de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables dependiente del Viceministerio de Política Criminal, se han formulado y ejecutado políticas en relación a las condiciones de encierro, establecido programas y coordinado acciones orientados a la población indígena privada de libertad con los diferentes centros penitenciarios.
Bajo el Protocolo de Atención a Grupos Vulnerables, 172 personas indígenas de intramuros identificadas, recibieron atención rápida principalmente para la expedición de documentación y evaluación médica en el área de sanidad. Las mismas están recluidas en las penitenciarías regionales de Pedro Juan Caballero (50), Concepción (32), Coronel Oviedo (32), Ciudad del Este (25), San Pedro (10) y otros (23) penales.
Esta misma población, ante prerrogativas contempladas en la Constitución Nacional, fue amparada con medidas de protección. Así, la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios ha llevado a cabo acciones para la implementación de protocolos que garanticen debidamente procesos judiciales adecuados, justos e inclusivos pertenecientes a pueblos originarios, a partir de su interiorización con los diferentes defensores y juzgados sobre casos particulares que puedan ser atendidos.
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